1088 palabras (5 min.) | 2024.04.30 | Roberto Arenas Lara, Dr.Eng.
(Imagen: pixabay.com)
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María (nombre ficticio para proteger a una víctima imaginaria que podría ser cualquier de nosotros), como todos los lunes, se levanta temprano para darse la rutinaria ducha matutina. Lo hace con cuidado para no despertar a su pareja, José (cuyo nombre no es el real, y no es importante, porque representa al abusador de esta analogía), quien duerme al otro lado de la cama.
Ella se alista porque debe ir a la universidad, en esa persecución -para muchos infinita- de obtener información, de prepararse para un mejor futuro, de entender lo que le rodea y provocar algún cambio positivo para ella y los suyos.
La relación de ambos no es del todo sana. Él es, digamos, inseguro. La persigue y rastrea sus pasos, frustrando a veces la capacidad de María de llevar una vida independiente. Le deja ir a estudiar, sin embargo, su conducta es errática e intermitente, interrumpiendo su rutina en ocasiones, como esa vez que no pudo asistir a una entrevista con un profesor porque le arrojó café sobre la ropa, antes de salir.
Luego de haber tomado su desayuno y ya estando lista para salir, buscó sus llaves sin éxito. No las consiguió. José ese día fue más lejos, impidiendo que ella pudiera salir y llegar a la universidad, escondiéndole las llaves de la casa y el coche, limitando así la capacidad de María de educarse y adquirir conocimiento.
Hay dos palabras que definen lo que hace José: Coerción y Coacción. La primera, es la presión ejercida sobre alguien para forzar su voluntad o conducta, reprimiendo, inhibiendo o restringiendo las acciones de otro. La segunda, es la fuerza o violencia que se hace a alguien para obligarlo a que diga o ejecute algo, existiendo tipos específicos de coacción, como el acoso. Ambas son conductas catalogadas como criminales en muchos países, son juzgadas y las penas varían de acuerdo con la gravedad de los incidentes.
En casos como el anterior resulta claro qué se debe hacer. Ahora bien, cuando las mencionadas acciones se hacen en el mundo digital, no con una sola persona sino con muchas, ¿reciben el mismo nombre y tratamiento?…
Si una compañía con presencia en internet, que llamaremos “El diario de José”, que antes ofrecía contenido parcialmente gratuito, de un día para otro bloquea el acceso a su página condicionando a todos sus potenciales lectores de noticias diarias para que, o bien acepten sus cookies y poder así leer “gratis” las noticias, o bien paguen una mensualidad para leerlas, ¿estaría coaccionando a sus lectores para hacer algo que ellos no desean hacer al estar forzados a pagar con datos o con una mensualidad?
Lo anterior, todos sabemos que ya está sucediendo en muchos sitios web. Al navegar por internet, todos hemos recibido mensajes en ventanas emergentes informándonos que la página que queremos ver utiliza cookies para rastrearnos, pidiéndonos que las aceptemos, generalmente dejándonos saber que el seguimiento con cookies es para “mejorar” nuestra experiencia. Y aunque estos avisos tienen buenas intenciones, y se supone que promueven la transparencia sobre nuestra privacidad en línea, al final no están haciendo mucho ya que la mayoría de nosotros simplemente aceptamos y seguimos adelante.
La proliferación de este tipo de alertas se debe a dos regulaciones diferentes en Europa: el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR), promulgada en mayo de 2018; y la Directiva de privacidad electrónica, aprobada en 2002 y luego actualizada en 2009. En España, en enero de 2024 entró en vigor la nueva guía sobre el uso de las cookies elaborada por la Agencia Española de Protección de Datos, que obliga a ofrecer de forma visible y clara la opción de rechazar las cookies y, además, permite la posibilidad de cobrar al usuario que elige hacerlo.
Así entonces, si antes de la promulgación de las directivas, reglamentos y guías europeas, una compañía como “El diario de José” hubiese implementado los mecanismos de coerción mencionados seguramente iría a la quiebra. Pero ¿y si no es solo una sino todas las de un país?
Estas opciones de todo o nada tienen truco porque, en ambos casos, los usuarios tienen que dar información personal: si aceptan las cookies están permitiendo que sus acciones en internet sean rastreadas y así la compañía pueda recibir ingresos por la publicidad dirigida; y si aceptan pagar una mensualidad, deben crear una cuenta, dando seguramente algunos de sus datos personales.
El solo hecho de que se cobre un monto por rechazar las cookies resulta ser un factor disuasorio, condicionando la libertad de elegir una opción u otra.
En la actualidad, con la cantidad de bulos y desinformación a la que estamos expuestos, parece un contrasentido que las fuentes confiables de información limiten el acceso a sus lectores, pero en la práctica es lo que está sucediendo. Así entonces, estamos siendo forzados a mantenernos al día con lo que sucede localmente y en el mundo a través de las redes sociales, y las fuentes de información gubernamentales.
Y se entiende perfectamente que la prensa debe tener ingresos para sustentarse, pero ¿tiene sentido que coaccionen a sus lectores a pagar con datos o mensualidades, restringiendo así de facto la libertad de información? Es claro que su modelo de negocio debe evolucionar, no pueden seguir sustentando la labor del periodismo imprimiendo papel, ni tampoco comercializando los datos de sus lectores para hacer campañas de publicidad dirigidas y así obtener ingresos. “Continuar con publicidad o pagar una mensualidad” es una ilusión de opciones, está anclada en el pasado, los va a llevar a la quiebra, y todos seremos los perjudicados.
Los gobiernos de los países también deben tomar acciones porque las leyes aprobadas no están logrando el efecto deseado. Se debe proteger la privacidad de los usuarios y, al mismo tiempo, la libertad de prensa e información. Vemos algo de progreso en este sentido, ya que el 17 de abril de 2024 el Comité Europeo de Protección de Datos emitió un comunicado sobre el uso de las cookies, emitiendo un dictamen bastante claro: La estrategia de “Aceptar las Cookies o Pagar” para monitorizar a los usuarios y ofrecerles publicidad personalizada no es un sistema válido en los Estados miembros. Pero, sin embargo, no prohíbe el modelo de negocio (aún).
Y los usuarios debemos exigir que los sitios web ofrezcan alternativas de acceso gratuito que no requiera consentimiento para capturar nuestros datos personales, procesarlos y así evitar la recepción de publicidad dirigida basada en nuestro comportamiento. En este caso y en nuestros días, el beneficio colectivo de mantenernos informados no se le puede poner precio.
CON INFORMACIÓN DE:
- conceptosjuridicos.com: Coacción
- Real Academia Española (dle.rae.es): Coacción; Coerción
- vox.com: Why every website wants you to accept its cookies
- elpais.es: ¿Puede Facebook poner precio a mi privacidad?
- theguardian.com: ‘But he didn’t hit you, did he?’: inside the coercive control courtroom
Un comentario
Es un tema muy interesante y complejo a la vez. Creo que no hay soluciones perfectas y hay que entender que los medios de información igualmente son empresas y necesitan tener ganancias de algún lado.
Por ejemplo, antes las noticias escritas y audiovisuales tenían sus ingresos. Los periodicos los pagaba el lector y en casos de los noticieros existían las cuñas o publicidades que los televidentes se tenían que comer con patatas. Esto aún es así pero con la inclusión del Internet nos llegó un nuevo medio.
Al igual que los casos «antiguos», los nuevos medios necesitan sobrevivir de alguna forma y si no pueden hacerlo mediante la publicidad personalizada (cookies), han tenido que buscar alternativas (cobros o suscripciones)
Una idea que se me ocurre sería que el estado destine un % de los tributos para subvencionar estos medios y con esto evitar las 2 cosas que menciona el artículo: coerción y coacción
Saludos